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Recientes denuncias revelan una feroz campaña de desinformación contra los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), regulados por la Ley Lafkenche. La Identidad Lafkenche alertó en marzo de 2024 sobre el racismo presente en estas campañas, las cuales buscan generar confusión y temor, estigmatizando nuevamente a las comunidades Mapuche.
La desinformación ha exacerbado los conflictos entre los trabajadores salmoneros, operadores de la industria y las comunidades locales, resultando en ataques y campañas de desprestigio que afectan la integridad de las familias defensoras de los espacios costeros marinos.
La Revista Internacional Mongabay Latam informó que en Chile existe controversia luego de que la Comisión Regional de Uso del Borde Costero rechazara la creación de dos Espacios Marinos Costeros de Pueblos Originarios. La industria del salmón ha sido acusada de utilizar un “discurso del miedo” para desinformar sobre las solicitudes de ECMPO.
Aurelia Guasch Antúnez y Álvaro Montaña Soto, geógrafos marinos, en un análisis crítico de la Ley Lafkenche, desmienten que esta ley obstaculice el desarrollo económico, argumentando que las demoras se deben a deficiencias administrativas del Estado. Además, señalan que la incorporación de procesos automatizados en la producción probablemente reducirá el empleo en la industria salmonera en el futuro, sugiriendo que los ECMPO pueden revitalizar economías locales mediante actividades sostenibles.
Más de una veintena de comunidades del Archipiélago de Quinchao han rechazado categóricamente los hechos de desinformación difundidos por distintos medios de comunicación, los cuales buscan boicotear los ECMPO y generar división y conflicto. Las comunidades peticionarias de Quellón y Ancud han aclarado que los ECMPO no eliminan concesiones ni áreas de manejo y no impiden obras públicas beneficiosas, llamando al diálogo y a la construcción de un futuro sin discriminación ni sesgos.
La histórica comunidad Weketrumao de Chiloé, junto a diversas otras comunidades y autoridades tradicionales, denuncian la utilización de la desinformación para poner a la ciudadanía en contra de las solicitudes de ECMPO, facilitando un escenario para modificar la Ley Lafkenche.
Un artículo reciente sobre los Pueblos Originarios de Aysén aborda los prejuicios y la campaña de desprestigio contra las comunidades Mapuche Williche, acusándolas falsamente de ser "recién llegadas" a la región. Estudios genéticos, arqueológicos y registros históricos demuestran la antigua ocupación y arraigo de estas comunidades en el litoral de Aysén, desafiando la narrativa de un Aysén vacío antes de la colonización chilena.
El werkén Patricio Colivoro ha subrayado que la solución a estos problemas es administrativa y no legislativa, y que las demoras en la tramitación de los espacios costeros son consecuencia de la ineficiencia del sistema público. A pesar de la gravedad de los ataques, ninguna entidad estatal está velando por la integridad de las personas afectadas.
Las comunidades han denunciado ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas la falta de implementación del Acuerdo de Escazú y la inacción de instituciones como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y el Ministerio Público.
Es crucial que el Estado actúe para mediar en estos conflictos, combatir la desinformación y construir un pacto social entre todos los actores interesados en la zona costera, garantizando así la integridad y los derechos de las comunidades afectadas.
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